El pasado 28 de junio de 2017 las instituciones europeas (Parlamento, Comisión y Consejo) llegaron a un acuerdo preliminar sobre la normativa en relación a la producción ecológica, cuya entrada en vigor se prevé el 1 de julio de 2020.

Se trata de un acuerdo complejo que se inició en el año 2014, año en el que se presentó la primera propuesta.

La nueva normativa dotará al consumidor de mayor confianza en los productos ecológicos, favorecerá el desarrollo de un sector dinámico, en continuo crecimiento, y con mucho potencial.

Los principales puntos a destacar son:

    • La normativa contempla controles más estrictos, basados en la prevención de riesgos, incluyendo a minoristas.
    • Las importaciones de productos ecológicos tendrán que cumplir los mismos requisitos que los exigidos a los comunitarios. Se eliminarán progresivamente las actuales normas de equivalencia que permiten a terceros países exportar cumpliendo normas similares, pero no iguales a las de la Unión Europea.
    • Los agricultores estarán obligados a aplicar medidas preventivas para evitar la contaminación. Si se sospecha de la presencia de un pesticida o fertilizante no autorizado, el producto no podrá ser etiquetado como ecológico.
    • Los Estados Miembro que aplican sus propias normas nacionales en relación a los umbrales para sustancias no autorizadas, podrán mantenerlas, siempre que permitan acceder otros productos de países de la Unión Europea, que cumplen las normas europeas, en sus mercados. Una vez pasados 4 años desde la entrada en vigor del nuevo reglamento, la Comisión realizará un informe sobre la eficacia de estas normas y de los correspondientes umbrales nacionales y, si fuese necesario, se redactaría un proyecto para su armonización.
    • Creación de una base de datos para incrementar la oferta de semillas y animales certificados.
    • Se permitirán las explotaciones mixtas (ecológica y convencional) siempre que ambas actividades estén claramente separadas.
    • Facilitar la certificación a pequeños agricultores mediante la certificación en grupo, lo que les permitirá reducir tanto costes como trabajos administrativos.

El acuerdo tiene que ser aprobado por el Comité Especial del Consejo de Agricultura. A continuación, se presentará la nueva legislación al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación definitiva.

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